Considero que la palabra libertad ha experimentado una transformación importante en los tiempos que vivimos. En su evolución, parece haberse ido acomodando a intereses y necesidades individuales que, en cierta medida, han desvirtuado su auténtica naturaleza. Dice la RAE, en su primera y principal acepción, que es la «facultad natural que tiene la persona de obrar de una manera u otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos». Es fundamental comprenderla de este modo, pues resulta contrario a su naturaleza concebirla como un permiso que alguien nos concede para hacer o dejar de hacer algo concreto.
John Locke, filósofo y médico inglés del siglo XVII, considerado el padre del Liberalismo Clásico, sostiene en su teoría sobre la formación de las sociedades civiles: «Que habiendo nacido todas las personas naturalmente libres, iguales e independientes, ninguno puede ser extraído de este estado ni sometido al poder político de otro sin su propio consentimiento». Si entendemos que nadie es superior a otro por haber nacido en un lugar determinado, por el color de su piel, por su género, por su religión o por sus convicciones ideológicas, estaremos
siguiendo el camino que señala Locke: el de seres libres, iguales e independientes.
Albert Camus manifestó que «si la persona fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo», y este me parece un magnífico pensamiento. Aun partiendo de la proclamación de Montesquieu sobre la independencia de los tres poderes, siguen sucediendo hechos que impiden la plena realización de ese ideal. Considero que lo único que se sitúa por encima de dichos poderes es la soberanía popular. Todo debe funcionar para garantizar a las personas las mejores condiciones de vida y, para ello, contamos con el mejor y único instrumento: la democracia en libertad.
Retomando a Camus, el poder de la justicia constituye el último eslabón para garantizar nuestros derechos y, por ello, es fundamental que esa función sea ejercida por los jueces de la manera más imparcial y ajustada al derecho vigente. No resulta lógico que, cuando la justicia asume un caso para juzgarlo, los medios de comunicación y las redes sociales desarrollen un juicio paralelo que, de forma pública e inmediata y sin contraste suficiente de pruebas, compita con la responsabilidad de quienes deben decidir mediante sentencias. Así pues, no se entiende que informar sobre un caso implique también valorarlo; ese ejercicio corresponde exclusivamente a los jueces y, por tanto, no debería intentarse condicionarlos mediante opiniones externas.
Todo debe tener su justa medida, su significado y, sobre todo, la amplitud necesaria para que ese sentido de la igualdad sea verdaderamente igualitario. De lo contrario, nada responderá adecuadamente a las necesidades del conjunto. Por ello, conviene no caer en la tentación de pensar que todos estamos igualmente capacitados para administrar justicia.
Montesquieu lo expone con extraordinaria claridad en El espíritu de las leyes al analizar la corrupción de la democracia. Permítanme citar un pasaje cuya vigencia sigue siendo sorprendente: «El principio de la democracia se corrompe no solo cuando se pierde el sentido de la igualdad, sino también cuando se lleva hasta el extremo y cada uno pretende ser igual a aquellos a quienes ha elegido para gobernar. Desde
el momento en que esto ocurre, el pueblo deja de tolerar el poder que él mismo ha confiado a otros y quiere hacerlo todo por sí mismo: deliberar en lugar del senado, ejecutar en lugar de los magistrados y privar de sus funciones a todos los jueces».
¿Adónde nos conduce todo esto? A una profunda reflexión sobre el verdadero sentido de la libertad; a comprender que es un derecho, el principal, que todos poseemos por el simple hecho de nacer y que nadie nos concede. Pero ello no significa que sea una marca indeleble que permanecerá intacta durante toda nuestra vida. La libertad corre riesgos, y estos son siempre muy claros: cuando alguien nos la arrebata, se convierte en dueño de nuestra voluntad y, por tanto, decide sobre una vida que deja de pertenecernos para quedar sometida a la suya. En definitiva, la libertad es un derecho que debemos defender porque constituye la puerta de acceso al resto de los derechos, especialmente a la democracia, y porque nos recuerda que nadie es superior a ninguno de nosotros. Vivir en sociedad exige hacerlo de acuerdo con las leyes que nos hemos dado y que podremos defender a través de los jueces, sin presiones externas.
Post scriptum: He estado escuchando a periodistas corresponsales en Jerusalén relatar cómo el ejército israelí tenía como prioridad asesinar mujeres, niños y personal médico. Según afirmaban, este era un objetivo claro para acabar con el pueblo palestino. Y podemos decir que ello es achacable al ejército y a los gobernantes, especialmente a Netanyahu, pero ¿qué hace el pueblo israelí para evitarlo? Asume la responsabilidad asesina.
Antonio Morlanes